El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana dictaminó este lunes que las condiciones de los migrantes recluidos en las instalaciones portuarias de Arguineguín, son “deplorables” pero no constituyen un delito.

Las Islas Canarias han experimentado un fuerte aumento en los desembarcos de pateras, con más de 18.000 migrantes llegando solo este año. El aumento ha llevado a los refugios de la región al límite y ha puesto de relieve la incapacidad de las autoridades para proporcionar instalaciones o asistencia adecuadas .

Esta crisis se ha sentido con mayor intensidad en Arguineguín, un pueblo de 2.500 habitantes que forma parte de la localidad turística de Mogán en Gran Canaria. En un momento, más de 2.500 migrantes dormían afuera en las instalaciones portuarias de emergencia de la aldea, que deben albergar no más de 600. Sin embargo, en los últimos días, el número de migrantes en el espacio de 3.850 metros cuadrados ha caído por debajo del capacidad aceptada.

La situación en Arguineguín, sin embargo, llevó a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a emprender acciones legales el 28 de octubre contra las “condiciones infrahumanas” que sufren los migrantes en el puerto. En ese momento, 915 personas estaban apiñadas en las instalaciones de emergencia, 495 de las cuales dormían afuera. Hasta ese momento, el mayor número que se había mantenido en el centro de detención era de 1.575.

Bueno argumentó que los migrantes se encontraban viviendo en “instalaciones superpobladas” que no reunían las condiciones adecuadas de salud e higiene, donde era “imposible respetar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes para prevenir los contagios de Covid-19”.

En su caso, la alcaldesa del partido Ciudadanos por el Cambio no culpó formalmente a un funcionario específico de lo que ella consideró violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cuando acudió a presentar el informe en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana dijo a los medios de comunicación que esperaba que identificaran quién era “penalmente responsable” dentro del gobierno central.

El viernes pasado, la jueza a cargo del caso, Yanira del Carmen González, acudió a las instalaciones portuarias con una comisión judicial para conocer la situación en el terreno. En ese momento, más de mil personas vivían en el centro de emergencia. El lunes, luego de culminar la investigación, la juez dictaminó: “Los hechos denunciados no constituyen un presunto delito penal”. Aunque González consideró que la situación era “deplorable”, no pensó que se hubiera cometido ningún delito en el puerto. En su declaración para archivar el caso, González agregó que “no se cuestionó la conducta específica de una persona que pudiera tener repercusiones criminales”.