Votar no es un derecho inherente de los ciudadanos de Estados Unidos: es un derecho para el que hay que superar obstáculos, no cometer ningún error mínima y derrotar, especialmente si se es de una minoría racial o un sector vulnerable, un sistema que parece destinado desincentivar poner una papeleta en una urna.

La decimoquinta enmienda de la Constitución, establecida en 1870, especifica que se prohíbe denegar al ciudadano el derecho a voto. No dice nada, sin embargo, de hacer la vida imposible a millones de personas a la hora de ejercerlo.

Votar se convierte en una decisión activa desde la fase más inicial. Se calcula que un 24% de la población de EEUU no está registrada para votar: más de 50 millones de personas que no pueden formar parte del juego político por un sistema que no les coloca automáticamente al censo de electores.

En algunos estados es obligatorio hacerlo cada vez que hay elecciones; a otros, si alguien no ha votado en un número determinado de comicios, proceden a una purga de la que no avisan. Este es sólo el primer paso de una carrera de obstáculos que tiene una barrera importante el mismo día de las elecciones: que siempre se celebren el primer martes de noviembre, día laborable, hace que muchos tengan que elegir si ir al trabajo o hacer colas durante horas.

La limitación de acceso a los colegios electorales es una de las quejas más reiteradas, un aspecto que afecta principalmente comunidades marginadas y minorías raciales. Una encuesta de 2016 detectó que los votantes negros tenían que esperar 16 minutos para poder votar; los blancos no llegaban a los 10 minutos.

Georgia es un caso paradigmático de la supresión de voto: los recintos electorales se han reducido un 10%, aunque el número de votos ha aumentado en 2 millones, principalmente en distritos de minorías raciales. Durante el periodo de voto anticipado ya se han visto esperas de más de 10 horas en barrios de mayoría afroamericana. En distritos ricos y predominantemente blancos, el mismo día y a la misma hora, votar no costaba más de un cuarto de hora.

Cada estado es quien pone la normativa: normalmente los republicanos justifican las restricciones como medidas necesarias para evitar un fraude electoral que, por otra parte, es inexistente. Unas medidas con un trasfondo racista, que afectan sectores que, tradicionalmente, siempre han apoyado a los demócratas.